A principios de este año, nuestro presidente anunció una nueva iniciativa de ley en materia eléctrica, basada en modificar el modelo de la industria energética con la que se labora en el país. Dicha reforma consistía en fortalecer y dar el poder a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) las decisiones de cómo, dónde y cuándo generar electricidad, cómo transportarla y cómo distribuirla. Misma reforma que afectará a las empresas que invirtieron en la generación de energías limpias, mediante parques eólicos o solares, las cuales ya no tendrán incentivos para seguir creciendo o traer inversiones.

Esta acción fue aprobada por la Cámara de Diputados, no obstante, con fundamento en los artículos 2894, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, diversos legisladores y senadores de partidos opuestos, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto de modificaciones a la LIE (Ley de la industria Eléctrica) por los siguientes motivos:

  1. Atenta en contra de derechos humanos
  2. Viola los principios básicos de legalidad
  3. Atenta en contra del libre mercado
  4. Socava la autonomía.
Logrando con esto, que la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) recibiera y declarara esta acción como inconstitucional y se diera plaza hasta Diciembre de este año para poner el tema sobre la mesa y tomar una decisión.

El Artículo 28 de nuestra Constitución establece la no concesión de prácticas monopólicas, haciendo una relación con el artículo 27 previo en el área del petróleo, hidrocarburos, energía nuclear y energía eléctrica.

“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al recibir la demanda de acción de inconstitucionalidad de esta misma, promovió que actualmente están suspendidas

por ordenamiento de jueces federales hasta que se concluya el proceso legal y constitucional debido.

¿Qué tipo de escenarios se pueden prever de la ayuda legal?

Si se aprueba la reforma en cuestión se puede promover como primera opción un amparo dentro de los primeros 30 días de la entrada en vigor de dicha ley. El amparo es una opción para cualquier empresa, persona física o colectivo que considere que la nueva ley viola sus derechos humanos.

De igual manera, se cuenta con la medida de control de la controversia constitucional. Esta no puede ser promovida por particulares, ya que es una acción que ejercen determinadas autoridades, en caso de considerar que sus facultades fueron invadidas por el proceso.

Posicionándonos en un escenario oscuro para las empresas, existen mecanismos internacionales, y esto permite recurrir a las instancias previstas en los tratados comerciales firmados y ratificados por México como T-MEC o el TPP, siendo estos los más conocidos. Se trata de paneles de arbitraje internacional en materia internacional pública y privada.

La libre competencia y combate a prácticas desleales y prácticas monopólicas, absolutas y relativas, hasta hoy, siguen en manos de nuestros representantes para decidir el futuro de la energía eléctrica e hidrocarburos de México, pero también organismos como la COPARMEX, tienen voz indirecta presente en estos temas por parte del ámbito empresarial privado del país. Se espera un fallo de la SCJN a finales de este año en cuestión a esta REFORMA. 

María Cristina Ojeda Reyes

ASOCIADA GONZALEZ BETANCO