Las leyes que se generaron a favor de la migración dentro del Derecho Internacional, fueron leyes pensadas bajo circunstancias de guerras, por lo que se buscó defender a las personas migrantes, y se adoptaron términos especiales como “refugiados”, refiriéndose así a migrantes buscando asilo en otro país por cuestiones de guerra. Sin embargo, los problemas migratorios han escalado al nivel de tener diferentes motivos de migración, ya no solo es la población de un país que está en guerra que busca asilo, ahora también tenemos problemas estructurales como las bajas oportunidades económicas , la búsqueda de una mejor calidad de vida, crisis ambientales, violencia, etc.

Dentro de nuestra región, el motivo migratorio más común es por motivos económicos. Una Latinoamérica en crisis que no puede solventar los Derechos Humanos básicos de las personas, lo cuál genera que estas estén en constante movimiento de residencia, en búsqueda de una mejor calidad de vida. En la actualidad, no existen leyes que protejan la migración económica. Es decir, cuando los Derechos Humanos básicos se encuentran en situación de escasez, o nulidad, como podría suceder durante crisis políticas o económicas , que generan estas escasez de trabajo ante los ciudadanos, volviendo difícil (o en situaciones imposibles) el mantener una vivienda digna y alimentos.

Observación General Núm. 4, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el Derecho a la Vivienda:

“Si bien los medios más apropiados para lograr la plena realización del derecho a la vivienda adecuada variarán inevitablemente de un Estado Parte a otro, el Pacto claramente requiere que cada Estado Parte tome todas las medidas que sean necesarias con ese fin. Esto requerirá casi invariablemente la adopción de una estrategia nacional de vivienda que, como lo afirma la Estrategia Mundial de Vivienda en su párrafo 32, "define los objetivos para el desarrollo de condiciones de vivienda, determina los recursos disponibles para lograr dichos objetivos y busca la forma más efectiva de utilizar dichos recursos, en función del costo, además de lo cual establece las responsabilidades y el calendario para la ejecución de las medidas necesarias". Por razones de pertinencia y eficacia, así como para asegurar el respeto de los demás derechos humanos, tal estrategia deberá reflejar una consulta extensa con todas las personas afectadas y su participación, incluidas las personas que no tienen hogar, las que están alojadas inadecuadamente y sus representantes. Además, deben adoptarse medidas para asegurar la coordinación entre los ministerios y las autoridades regionales y locales con objeto de conciliar las políticas conexas (economía, agricultura, medio ambiente, energía, etc.) con las obligaciones dimanantes del artículo 11 del Pacto.”

Cuando esta crisis económica y de vivienda sucede en los estados, las personas comienzan a migrar, ya sea dentro de su misma región, o fuera de ella. La crisis del Derecho Internacional en este aspecto, ha sido la falla estructural al momento de generar alguna ley que defienda a estas personas, ya que hasta hoy en día no existe ley internacional alguna que proteja a las personas a migrar por motivos económicos, crisis humanitarias derivadas de problemáticas ambientales (como es el caso de Haití), o inclusive por motivos de violencia estructural.

Fallas del Derecho Internacional.

¿Dónde está la falla? en la alta clasificación de motivos migratorios. Esto explicado de la manera siguiente:

Si tu migración es motivada por la violencia directa, tienes derecho a solicitar el refugio. No tiene derecho a ser reconocido como refugiado.

Cuando vienes de tu país de origen, tienes derecho a solicitar asilo, y sería posible que lo reconozcan. Pero, cuando es el caso de un flujo migratorio que ha estado en constante movimiento de residencia, muchos casos, tienen un antecedente de regular estancia (permisos migratorios, visados humanitarios, algunos casos con refugio) en algún otro país que no es el de su origen. Bajo esta lógica, este grupo podría solicitar refugio, tienen el derecho, pero se trata más de una lógica de migración económica.

Que se te reconozcan o no como refugiado, es facultad del estado que te recibe y puede poner sus reglas para reconocerte. Es decir, por más válido que sea el motivo de las personas para solicitar apoyo, el estado es quién decide a quienes acepta. Lo cual ha generado que esto escale a un problema de clases sociales también. Entonces ya no se trata de ser ilegal, se trata de ser pobre. Ningún país de la región quiere dar asilo a personas en situación de pobreza ya que ellos mismos enfrentan esa misma crisis dentro.

Contamos con Tratados Internacionales que respaldan la promoción de Derechos Humanos básicos generales, como lo son; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Carta Internacional de Derechos Humanos, etc. A pesar de esto, el Derecho Internacional se ha quedado corto al momento de tratar resolver los motivos originarios de estas fallas al momento de que las personas puedan buscar refugio alguno bajo las leyes cuando sus Derechos

Humanos se encuentran violados, generando así una violaciín el control de convencionalidad.

¿Es ilegal deportar a personas solicitantes de refugio o refugiadas?, sí. ¿Pero qué pasa si esa persona, por su propio pie, abandona el trámite? Entonces es migración económica y el estado cuenta con la facultad de deportar, proceso por el cuál surgen la mayoría de las violaciones de Derechos Humanos en los procesos migratorios. Contradiciendo de esta manera el principio de no devolución, puesto que, es ilegal conforme a la ley internacional, que te deporten a tu país de origen o residencia si te encuentras en una situación de violencia, o algún otro tipo de crisis.

Conclusiones.

Basándome en el principio universal pro persona, hay un gran vacío en el derecho para las personas en situación de migración económica, se necesita de mayor apoyo legal para que en estas situaciones, cuando un juez o autoridad, tenga que elegir qué norma aplicar a su determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.

Existe un amplio trabajo para los estudiantes y laborales del Derecho, para regular y garantizar este tipo de fallas en las leyes. Las herramientas básicas existen, pero el contexto histórico, económico, y social ha avanzado (especialmente en nuestra región) con mayor constancia de que las leyes se adaptan a esto. El derecho se debe de adaptar a las condiciones y necesidades de existencia humana.

María Cristina Ojeda Reyes
ASOCIADA
GONZALEZ BETANCO ABOGADOS